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Igual que los alumnos eligen a principio de curso a un delegado de clase, los padres andaluces elegirán cada año a un representante por aula para que medie entre el tutor y los estudiantes cuando surja algún conflicto. La figura del delegado de padres y madres, uno por cada grupo de enseñanza obligatoria, es una de las novedades del decreto para mejorar la convivencia que ha aprobado el Gobierno andaluz apenas unos días antes de la celebración, mañana 30 de enero, del Día Escolar de la No Violencia y la Paz.
El decreto andaluz también contempla la incorporación a las aulas de educadores sociales para mediar entre las familias y el centro, la asistencia jurídica y psicológica gratuita para los docentes que sufran agresiones y la firma de un compromiso de convivencia entre el colegio y los padres de los alumnos conflictivos con el fin de asegurar la colaboración de la familia en la aplicación de las medidas que se tomen contra su hijo.
La norma pretende también agilizar los trámites para sancionar a los alumnos que causen problemas. Hasta ahora, los centros tenían que convocar una comisión de convivencia para decidir qué hacer cada vez que un estudiante causaba algún conflicto. Con el nuevo decreto, el director tiene potestad para adoptar las medidas que crea oportunas. Aunque éstas también quedan reguladas por la norma andaluza, que enumera las conductas perjudiciales para la convivencia y las cataloga en función de su gravedad. El decreto establece medidas disciplinarias como el apercibimiento oral, el cambio de grupo y la suspensión de asistencia a clase durante un determinado periodo. Para los casos más graves se contempla el cambio de centro.
La norma, que entra en vigor en 20 días, califica como graves conductas que van desde la agresión, las amenazas y los insultos contra cualquier miembro de la comunidad educativa, a las vejaciones o humillaciones, "particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba o van contra alumnos con necesidades educativas especiales". El decreto considera también grave la suplantación de la personalidad en exámenes o en cualquier otra actividad escolar y el deterioro grave de las instalaciones del centro.
Puntualidad y asistencia
Aunque para estas conductas se han reservado los castigos más severos, el decreto sanciona otras muchas que se consideran tan habituales como perjudiciales para la convivencia. Los estudiantes andaluces tendrán que cuidar más su puntualidad o la asistencia a todas las clases y, probablemente, se lo piensen antes de dejar un mensaje para la posteridad rayando con la llave sobre la mesa, otra de las actitudes consideradas como "conducta contraria a las normas de convivencia", que ahora se castigará.
"El decreto da un marco general de medidas preventivas y de cómo intervenir cuando se produce un conflicto, pero cada centro debe estudiar su situación y poner en marcha las actuaciones que crea necesarias", advierte la consejera andaluza de Educación, Cándida Martínez. Los centros contarán con la ayuda de un Observatorio para la Convivencia, que funcionará como un órgano consultivo de la consejería; de un protocolo de actuación diseñado por la Junta; y de comisiones provinciales constituidas por miembros de la administración, agentes sociales, patronales, padres y alumnos. Pero cada colegio estará obligado a hacer un diagnóstico del clima en sus aulas y plasmarlo en un plan de convivencia, junto a las normas del centro y cómo actuar ante cada caso.
Los sindicatos han aplaudido el decreto, aunque creen que sólo será eficaz si la Junta andaluza pone el personal necesario, sobre todo para reducir el número de alumnos por aula y para ofrecer una atención personalizada.
